Santo Domingo — Un juez del Distrito Nacional impuso este domingo 18 meses de prisión preventiva al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y a otros seis imputados por su presunta participación en una red de corrupción administrativa que, según el Ministerio Público, habría causado un perjuicio millonario al Estado dominicano.

La decisión fue adoptada por el magistrado Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien ordenó que Hazim cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo. La prisión preventiva también fue dictada contra Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

En el mismo fallo, el tribunal dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo parcialmente la solicitud del Ministerio Público.

Los fiscales de la Dirección General de Persecución y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habían solicitado prisión preventiva para siete de los diez encartados y que el proceso fuera declarado complejo, petición que fue respaldada por los equipos encabezados por los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán, junto a los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Mirna Ortiz.

La defensa, por su parte, pidió rechazar la prisión preventiva y solicitó medidas menos gravosas, como arresto domiciliario, impedimento de salida, presentación periódica y garantías económicas.

A los imputados se les atribuyen, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Cronología del caso

Santiago Hazim acudió el pasado 6 de diciembre a la Procuraduría General de la República, donde horas después se informó su detención por acusaciones formuladas por el Ministerio Público. Entre ese sábado y el lunes 8 se revelaron los nombres de los diez apresados, señalados como parte de una presunta red que habría estafado al Estado por unos 15,000 millones de pesos.

El miércoles 10 de diciembre, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reiteró el compromiso del Ministerio Público con la investigación y advirtió que el proceso sigue abierto, por lo que no se descartan nuevos imputados.

La audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción concluyó la madrugada del sábado. El juez Sena se reservó el fallo para la tarde del domingo y, tras varias horas de deliberación, anunció la decisión pasadas las 10:00 de la noche.